El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha intentado por todos los medios ocultar, falsear y desvirtuar la verdad de los hechos ocurridos en Caracas, el 11 de abril del 2002. No sólo ha dispuesto de todos los recursos institucionales y presupuestarios para hacer de su versión e interpretación de los fatídicos sucesos acaecidos en dicha fecha una particular visión de lo que constituye la verdad absoluta según la interpretación oficial, sino que sin rubor alguno ha vulnerado principios legales y constitucionales aplicando una subjetiva concepción de la justicia: “Todos los señalados, son culpables aunque los hechos demuestren lo contrario”.
Según indica el Foro Penal Venezolano, a los 8 años de los terribles acontecimientos de abril 2002, la Fiscalía General de La Republica abrió 79 investigaciones penales, de las cuales muchas ni siquiera tienen relación con los hechos ocurridos el 11-A, según lo atestigua el mismo gobierno en los informes presentados por el representante del Gobierno venezolano ante la CIDH. Del total de las averiguaciones iniciadas por las autoridades judiciales del país, el 96,20% de los casos sujetos a consideración por la Fiscalía o no han pasado de la fase inicial de la investigación penal, o han sido objeto de sobreseimiento, o han sido objeto formal de Archivo Fiscal. De las restantes investigaciones, las que si superaron la fase de investigación previa (3 de 79) son las siguientes:- Una que se siguió a un grupo de Guardias Nacionales que fueron captados por las cámaras disparando armas contra los manifestantes que allí se encontraban.- Otra, que se le siguió a los llamados Pistoleros de Puente Llaguno, que terminó en su absolución. Y la tercera la 4M-387-04, seguida a los Comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, y funcionarios de la Policía Metropolitana Marco Hurtado, Héctor Rovain, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Erasmo Bolívar y Luís Molina.
Este juicio oral y público fue radicado en la ciudad de Maracay, iniciándose el 20 de marzo de 2006 y concluyendo el 3 de abril de 2009, prolongándose por espacio de 3 años y 14 días, durante el cual se celebraron 231 audiencias, se analizaron 265 experticias y 72 pruebas documentales, declararon 196 testigos y 45 expertos, se exhibieron mas de 5700 fotos y videos, convirtiéndose así en el juicio oral y público más largo de la historia judicial venezolana, y posiblemente del mundo entero.
Todos los planteamientos jurídicos esgrimidos a favor de los acusados a lo largo del proceso judicial fueron negados sistemáticamente por todos los Tribunales de control y de juicio, Corte de Apelaciones y Tribunal Supremo de Justicia, Se desconocieron abiertamente precedentes judiciales previos favorables a los acusados en casos similares. Pero todas las peticiones y solicitudes que el Ministerio Público formuló fueron mayoritariamente declaradas con lugar, lo que se tradujo en un claro desequilibrio procesal y una evidente falta de imparcialidad. El Jefe del equipo multidisciplinario que se encargó de la investigación de los sucesos del 11 de abril, declaró en el juicio que durante la investigación NO se encontraron pruebas que demostraran que los Comisarios hubiesen impartido a sus subalternos órdenes de disparar para matar a personas el 11 de abril de 2002, ni tampoco de suministrarles armas, que fueron los dos hechos imputados a los Comisarios en la acusación fiscal. Ninguno de los 196 testigos y 45 expertos que declararon en el juicio atribuyeron responsabilidades individuales a ninguno de los funcionarios policiales acusados. Muy por el contrario, las pruebas técnicas y criminalísticas que se evacuaron durante el juicio demostraron científicamente que ninguna de las armas portadas por los funcionarios de la P.M. ese día causó la muerte o lesión de alguna persona el 11 de abril de 2002. Es más, ni siquiera quedó probado técnicamente que dichas armas hubiesen sido disparadas por ellos, pues el Ministerio Público no promovió ninguna prueba al respecto. También silenció el Tribunal que en ese enfrentamiento intervinieron varios francotiradores, e intervinieron al menos, 35 pistoleros, civiles armados con armas largas y cortas que actuaron bajo la aquiescencia del Estado. Todos estos pistoleros resultaron beneficiados por el Decreto Presidencial de Amnistía del 31-12-2007. Todas las resoluciones condenatorias proferidas por la jueza Marjorie Calderón carecieron del más mínimo sustento probatorio. Se trató de una SENTENCIA CONDENATORIA SIN PRUEBAS, motivada por exclusivas razones de tipo político, totalmente alejada de la ley y el derecho, absurda y desproporcionada, que se erige como un monumento a la iniquidad e injusticia más absoluta.
La vida de nuestras familias se va desdibujando... y todo a causa de una duda, una duda que nos debió favorecer. Una duda que no pudo ser comprobada concretamente, científicamente, jurídicamente. Una duda, una falsa certeza, que -además- sólo fue desarrollada desde el lado que acusa, signada por el odio y los deseos de venganza, preñada de ensañamiento, pero nunca procuró interpretaciones, opciones, planteamientos distintos a los ya prefigurados desde las más altas esferas del poder. Un juicio que no logró el esclarecimiento de la verdad, merecida para las víctimas y sus familiares y necesaria para sancionar y castigar a los verdaderos culpables y responsables de los hechos acontecidos.
El 3 de abril de 2009, a las 11:45 de la mañana, nueve dignos funcionarios policiales fueron condenados a cumplir la pena de 30 AÑOS DE PRESIDIO y las accesorias de Ley, además del pago de las costas procesales, sin derecho a ningún beneficio. Y aunque el amor nos guía, no es esta la razón por la que afirmamos que estos ciudadanos, funcionarios policiales son inocentes. Es la interpretación lógica, científica y jurídica de los hechos lo que verdaderamente nos impulsa a luchar por su libertad y exigir la correcta aplicación de la justicia, que nos hace dar la cara durante todos estos años y exigir su libertad plena, que nos permite seguir adelante para que la justicia tenga voz a través de ustedes.
Maria del Pilar Pertíñez de Simonovis
Abogada Defensora
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